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El conocimiento de la Historia Antigua de España es de obligado
estudio en los planes de estudio españoles. Las historias nacionales son
parte de la Historia Universal. Sin embargo, al proponer como objeto de
estudio los hechos generales de la historia de un país, se corre el
riesgo de buscar propósitos patrióticos que resalten las hazañas
gloriosas de sus gentes. Así los objetivos históricos de la
investigación histórica pueden solaparse con intenciones patrióticas
subyacentes y proyectar de manera artificial la realidad presenta hacia
el pasado, sin tener en cuenta que los límites del páis cambian y que es
la conciencia de unidad voluntariamente aceptada la que unifcia y
cohersiona el país.
La propia denominación de Historia Antigua de España, en cuya
composición entran los términos Antigüedad y España, es ya de por sí
cuestionable porque responde a realidades muy distintas difícilmente
conciliables entre sí, aunque solo sea porque en la época considerada
como «antigua» no hay un territorio políticamente definido que pudiera
corresponder con el concepto actual de España. Entendida en sentido
político-administrativo, la denominación romana de Hispania comprendía
territorios más amplios o restringidos, según el momento histórico
considerado. De ahí que hayamos titulado el tomo con el nombre de
Hispania, un concepto que los romanos, a partir de experiencias
anteriores de púnicos y griegos, fueron conformando territorialmente
hasta hacer de él un ente político-administrativo concreto y preciso,
que dejan en herencia al Estado visigodo, cuya historia abre las puertas
de la Edad Media. Este concepto si, como se ha dicho, por un lado,
desborda los límites del actual Estado español, al incluir Portugal,
parte del norte de Marruecos y la colonia inglesa de Gibraltar, por
otro, deja de considerar, como es el caso de la Comunidad Canaria, una
parte esencial de su territorio.
Y si estos límites territoriales se prestan a controversia, no dejan
de estarlo menos los temporales. Los romanos, que dan el nombre de
Hispania a una entidad territorial, en parte desconocida, extendida al
conjunto de la península ibérica, son deudores de los colonizadores
púnicos y griegos que, mucho antes, ya habían captado el carácter
específico del territorio peninsular al denominarlo con el nombre de
Iberia. Este espacio geográfico no estaba vacío. Lo habitaban
comunidades humanas, que, a través de numerosos influjos multiseculares,
tanto del medio físico y del ambiente espiritual y cultural en el que
se desenvolvieron como de influencias exteriores traídas por gentes
foráneas, fueron modelando los rasgos fundamentales que los
individualizaron como comunidades étnicas y culturales propias. Por
ello, el necesario punto de partida no puede ser otro que la
contemplación de estas comunidades, sobre las que incidirán los pueblos
colonizadores y, por último, Roma, cuando ya han configurado unos
límites precisos y unos rasgos propios que el Estado romano vendrá a
destruir en un proceso de homogeneización o «romanización».
Si,
durante el Calcolítico y la Edad del Bronce, a lo largo del III y II
milenios a. C., las distintas comunidades prehistóricas peninsulares
implantan los embriones de su posterior diversidad étnica y cultural, no
hay duda de que son, desde los inicios del I milenio, los estímulos,
tanto de pueblos colonizadores procedentes del Mediterráneo oriental
–fenicios y griegos– como de influjos culturales y humanos celtas, los
elementos determinantes en la formación de los pueblos hispanos tal y
como los conocen las fuentes clásicas que los documentan. Será, por
ello, la colonización púnica y griega en la Península y la descripción
de las etnias y pueblos hispanos en el umbral de su confrontación con
Roma el punto de partida de una historia que, desde finales del siglo
III a. C., se desarrollará, sin solución de continuidad, bajo la sombra
del Estado romano.
Es esta la historia de Hispania, la primera entidad política que
incluye en su marco –y a veces lo desborda– todo el territorio
peninsular, como parte de una realidad superior, el Estado romano. Su
final lógico solo puede ser, por consiguiente, el propio final del
Imperio romano, sujeto, a su vez, a no pocas controversias.
Tradicionalmente, los historiadores de la España Antigua ponen el punto
final de su objeto de análisis en las invasiones bárbaras de comienzos
del siglo V, que se convierten así en el capítulo inicial de las
historias de la España medieval. Pero, durante la mayor parte del siglo V
no solo existe todavía un Imperio romano, bien que agonizante, sino que
parte de la Península sigue formando parte de este Imperio, hasta el
año 476, cuando el hérulo Odoacro firme su certificado de defunción. Por
otra parte, el reino visigodo, que tradicionalmente abre la Alta Edad
Media hispana, bascula en el siglo V en confrontación dialéctica con el
Imperio romano de Occidente. Solo cuando los visigodos se retiran tras
los Pirineos, comienza la gestación de la España visigoda, que culminará
en los reinados de Leovigildo y Recaredo. Por ello, los años finales
del V parecen un punto de cesura plausible para la España antigua.
Se ofrece es en esta síntesis un panorama completo del período
acotado bajo estas premisas –comienzos del siglo VI a. C. a finales del V
d. C.–, con la descripción de los hechos políticos en armonía con las
realidades socioeconómicas y culturales en las que se insertan, sin
dejar de tener presente que, durante la mayor parte del período tratado,
la Península es parte de una entidad superior, el Imperio romano y solo
en el marco de la historia de Roma pueden entenderse. Y acompañamos el
texto con una serie de materiales de apoyo –síntesis cronológica,
repertorio de fuentes y glosario de términos– para facilitar su
comprensión.
Como manual universitario de iniciación es de utilidad
para introducir al estudiante en una época sin cuyo conocimiento
quedaría incompleta la esencia misma de nuestra propia historia.